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La despoblación viene después (y III)

Propuestas transversales estructuradas en torno a las personas.

 La importancia del medio rural en Castilla y León justifica sobradamente que la estrategia contra la despoblación introduzcan principios de discriminación positiva a favor las personas que viven o que decidan vivir en el medio rural, favoreciendo especialmente el arraigo de las mujeres en un entorno caracterizado por su “masculinización”.

Las políticas de población deben ser, en primer lugar, políticas para los jóvenes. Los jóvenes se erigen hoy como el colectivo más importante a efectos demográficos al menos por dos razones: tanto por su mayor propensión a la movilidad (los migrantes extranjeros, por ejemplo, tienen una media de edad de en torno a la treintena) como por el hecho de que sobre colectivo recaiga, aunque sea por razones puramente biológicas, la posibilidad de incrementar la natalidad.

Las políticas de población deben ser, también, políticas para las familias. Las ventajas para la vida familiar y la tenencia de hijos, lo mismo que el apoyo a las familias que cuenten con algún miembro que padezca algún tipo de discapacidad, pueden influir en las decisiones de movilidad geográfica de las personas. El apoyo a las familias puede ser identificado como un elemento importante de cara a la evolución demográfica.

Se trataría aquí de facilitar al máximo las posibilidades de que las familias de nuestra Comunidad puedan tener tantos hijos como quieran. Castilla y León, considerada por el Instituto de Política Familiar como la segunda Comunidad Autónoma de España que mejores ayudas presta a las familias (la primera en el caso de las ayudas directas) cuenta con programas de apoyo que configuran un bagaje previo que aunque susceptible de mejora, no deja de ser un punto de partida digno de ser tenido en cuenta.

Las políticas de población deben ser también políticas para la población migrante. La llegada de migrantes extranjeros es la vía por la que, en los últimos años, está creciendo la población de Europa. Su acogida e integración social se nos presenta como un factor especialmente relevante para atajar el problema de la despoblación en Castilla y León. Debemos aprovechar que el volumen de migrantes extranjeros en Castilla y León está lejos aún del de otros territorios de España para asentar políticas de integración social y económica efectivas que contribuyan a afianzar el atractivo de Castilla y León como lugar de destino.

Del mismo modo, el favorecimiento de posibilidades reales de retorno para nuestra población emigrada puede llegar a suponer también un aporte importante, si bien cuantitativamente muy inferior. Se trataría de dotar de contenido al “bloque de derechos” de los ciudadanos procedentes de Castilla y León que estén residiendo fuera, para que valoraran seriamente la posibilidad del retorno y de su implicación con el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad.

Las políticas de población deben ser políticas en positivo. El pesimismo no es sexy, y menos para atraer población. Así, es preciso implicar también a favor de la Estrategia Demográfica las políticas de del área institucional.

Debemos trasladar la imagen de una Castilla y León en positivo, un lugar atractivo para vivir donde el que llega es bien recibido, un lugar donde se ofrecen oportunidades y ventajas para residir. Indefectiblemente, esto aparece ligado a la “Marca Castilla y León” que no tiene por qué limitarse a difundir las ventajas comparativas de los productos y servicios originarios de nuestra región, sino que puede (y debe) extender sus objetivos al propio territorio de la Comunidad con múltiples argumentos que ofrecer para vivir en él: su posición estratégica y su espacio, su potencial turístico y su patrimonio, la riqueza de su medio natural, su oferta energética, un clima social estable y positivo, la calidad de su agroalimentación, su capacidad de innovación y de apertura al exterior…

El prestigio de la Comunidad debe por lo tanto ponerse al servicio de cumplir el objetivo de atraer y fijar población.