Un IVA social y ecológico. IVA y Obsolescencia Programada II
El IVA es el ejemplo más perfeccionado de los “impuestos indirectos”, esto es los que despliegan sus efectos (recaudatorios) ante las manifestaciones (no evidentes) de “capacidad económica” gravando la producción, el tráfico y consumo. Al tratarse además un impuesto “regresivo” (en tanto que la capacidad económica “de inicio” no se pone en relación con la capacidad económica “efectiva”) recae sobre todos los contribuyentes (consumidores finales) que realicen el hecho imponible (principalmente el consumo) bajo la forma de un porcentaje que se aplica (al alza) sobre el precio final del producto (o servicio) consumido (y pagado).
En relación con la compraventa de bienes de segunda mano (alternativa que al alargar la vida útil de los productos reduce el impacto medioambiental tanto en lo que se refiere a la demanda de materias primas como respecto de la generación de residuos) el IVA aplicable apenas supone un 0,02% del total de ingresos. Según el “Estudio de Fiscalidad Ambiental Aplicada a la Jerarquía de Residuos” de Aeress, que evalúa las consecuencias que acarrearía la supresión del IVA sobre la compraventa de productos “reutilizados”, con su puesta en práctica la Agencia Tributaria dejaría de ingresar el 11,8% del total de cuotas correspondientes al Régimen Especial del IVA sobre Bienes Usados que se aplica a la entrega por parte de los “revendedores”, de determinados bienes.
Poniendo en relación los 2.000 millones que nos cuesta el rescate de las autopistas o los más de 60.000 por los que nos ha salido el “rescate a la banca”, la cantidad que dejaría de ingresar Hacienda renunciando al REBU sería mínima (aunque todos sabemos, no se vayan a molestar los inversores, que en España no hubo “rescate” sino “préstamo”) pero es que además la mayor parte de entidades que están tomando este tipo de iniciativas contribuyen desde perspectivas complementarias a extender un nuevo modelo de producción y consumo implementando lo que desde las entidades representativas de la Economía Social “formal” denominamos “economías sociales” con las que compartimos principios éticos como solidaridad, democracia, desarrollo sostenible y autogestión.
Algunas de las propuestas planteadas por otras organizaciones en relación con el IVA van todavía más allá. “Amigos de la Tierra”, desde 2017 y, coincidiendo con el lanzamiento de su campaña “Se merecen un 10”, viene exigiendo que a los servicios de reparación y a los establecimientos de segunda mano y de alquiler de bienes muebles (que refuerzan las economías locales, contribuyen a crear empleo e inciden positivamente sobre el medioambiente) se les aplique el tipo reducido de IVA del 10%.
Entre los beneficios medioambientales que aportan estas propuestas destaca evidentemente la menor generación de residuos, que retornarían al mercado bajo la forma de materias primas secundarias (aunque nuestra intención es que dentro de ese cambio de conciencia entendamos que no hay “subproductos” desechables sino innovaciones que todavía no hemos sido capaces de poner en práctica) y que junto con los impactos económico-sociales que conlleva este paso adelante, constituyen en un pilar fundamental en la construcción de un nuevo modelo social.
En tanto que la reducción de la presión fiscal tiende a crear empleo, también debería desincentivarse la fabricación de productos de vida útil corta fomentando en cambio la reparación y la reutilización frente a la compra de productos nuevos, pero además, y por el contexto en el que tradicionalmente se han venido desarrollando estas iniciativas, resulta evidente que hasta ahora han supuesto una alternativa a favor de la integración de colectivos en riesgo (migrantes, parados de larga duración y personas que vienen de procesos de desintoxicación) sin que podamos dejar de tener en cuenta (matiz que implica también a los Poderes Públicos) que no se trata de una integración ni fácil ni barata ya que a continuación del periodo de formación puede venir unido (en función del colectivo implicado) un proceso de acompañamiento posterior.
En línea con esto, es público y notorio que algunas de las organizaciones integradas en Aerees llevan décadas en la vanguardia de las Tres R (reutilización-reparación-reciclaje) dedicándose a distintas iniciativas (recuperación de muebles, electrodomésticos y material textil para su restauración o reparación y posterior venta) que hoy sistematizamos dentro de la Economía Circular, sin que llegaran a ser conscientes de que su actividad habitual contaba ya con un reconocimiento conceptual de validez universal. No se trata de que este “sector de la economía” se limite a ser una alternativa de trabajo sólo para los colectivos en riesgo y de hecho, a la vista de las conclusiones del estudio realizado por Aeress que mencionábamos anteriormente, la exención del IVA podría facilitar la necesidad de cubrir en España del orden de 30.000 puestos de trabajo hacia 2020, al mismo tiempo que si consiguiéramos reutilizar el 50% de los residuos que terminan en vertederos, también se podrían crear 160.000 nuevos puestos ampliando por lo tanto el espacio laboral “circular” en beneficio de todos los trabajadores.
LO CONTRARIO DE “OBSOLESCENCIA”
Lo de “las cosas ya no duran tanto como antes” no es sólo un arranque de nostalgia arraigada en que “cualquier consumo pasado fue mejor”. La obsolescencia programada o la planificación expresa por el fabricante del fin de la vida útil de un producto para que en un plazo de tiempo “prudencial” (según las necesidades temporales de quien lo fabrica) haya que sustituirlo por otro, es uno de los engranajes de la maquinaria consumista que mantiene con vida el sistema económico tal y como lo venimos padeciendo.
Algunos países como Francia, con su denuncia al oligopolio de las impresoras, ya han declarado la guerra a este “deterioro artificial” que teníamos asumido dentro de la vorágine consumista multando a las empresas que la practiquen, y en España la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de 2014 hace referencia expresa a la “prohibición” de que los fabricantes diseñen productos de corta vida y difíciles de reparar (que parece vincular esta normativa con el “ecodiseño” de la Economía Circular) si bien en la medida que no se establecen objetivos concretos, no se asigna un presupuesto para llevarla a cabo ni se incentiva a los fabricantes para que sus productos sean reparables y duraderos, en la práctica todo apunta a que, al menos de momento, puede resultar inspiradora pero no útil.
Las protestas frente a este modelo son muchas, pero ante a la inoperancia de las Administraciones Públicas la solución pasa por la toma de conciencia de la sociedad civil para que activamente y como en un acto político (por no decir rebelde y antisistema, aunque ya se han encargado los “prosistema” de demonizar las actividades “antisistema” puesto que atentan contra el único “sistema” que consideran digno de respeto: el suyo) se oponga al modelo de producción y consumo obsolescente hasta que se generalice el cambio de mentalidad que normalice la reutilización de las cosas que no usamos y la reparación de las que se han roto, así como el comercio de segunda mano. Puesto que sólo existe lo que se nombra, la ONG Amigos de la Tierra también lleva desde 2018 promoviendo el uso de un término que va cogiendo fuerza como antónimo válido para la tan asimilada “obsolescencia” y que no es otro que: “alargascencia”.
Originalmente publicado por https://www.creandotuprovincia.es/un-iva-social-y-ecologico.htm
